Las demandas del FNL deben ser parte del debate.
Edgar Gutiérrez
El Frente Nacional de Lucha (FNL) convocó, el jueves 24, a poblaciones rurales a protestar porque los precios están ahorcando su economía. La forma de protesta fue típica: concentraciones y bloqueos en arterias estratégicas del territorio.
La reacción oficial también fue la aplicada en el periodo democrático: vigilar que no ocurran excesos, instalar diálogos y, después, nada. (En esa conducta oficial solo hay una excepción notable, la matanza de Nueva Linda en noviembre 2004.)
Pero esta vez, ante el desafío que plantó el FNL, hubo una conducción diferente en las cámaras patronales. Pidieron, y lograron en muy pocas horas, que la Corte de Constitucionalidad (CC) sacara un dictamen diciendo que las protestas debían ocurrir sin cortar el paso de las carreteras. No fue así y por eso las cámaras ripostaron promoviendo ante la CC la destitución de las autoridades responsables.
Puede ser que estemos volviendo a un nuevo episodio de polarización social en un escenario delicado. La semana pasada mostré en pinceladas gruesas la volatilidad del mercado ilegal de la droga, que tiene en vilo a la sociedad entera. Hace dos semanas puse el ejemplo de las prácticas de extorsión a distinta escala, extendidas por doquier. Son facetas de un mismo cuadro que alertan de la ingobernabilidad estructural sobre la cual camina el país, en pleno preparativo de un evento electoral, que ahora resulta riesgoso también.
El FNL es una fuerza social significativa y legítima; en este momento, la única con capacidad de conectar la conflictividad social dispersa en las localidades. Puede tener consignas, en apariencia radicales, que esta sociedad necesita incorporar a su debate. Ellos hablan de precios bajos a los productores de granos y de las tarifas altas en servicios como la energía eléctrica, que son asuntos de interés general y que, sinceramente, nadie está tratando. Su radicalidad en la forma de su protesta no debe cerrar al statu quo.
Igual se podrían poner amparos para que las autoridades detuvieran las matanzas del narco o las extorsiones, y como estas van a seguir, chascar los dedos para que la CC destituya al Gobierno, al Congreso, al MP y a la CSJ, pues no cumplen los dos artículos básicos de la Constitución. Lo recomendable es que lo que tenga que decir el FNL sea parte de nuestro debate, sin censura ni criminalización. El camino que se sigue, solo se activa otro estallido social.
Pero esta vez, ante el desafío que plantó el FNL, hubo una conducción diferente en las cámaras patronales. Pidieron, y lograron en muy pocas horas, que la Corte de Constitucionalidad (CC) sacara un dictamen diciendo que las protestas debían ocurrir sin cortar el paso de las carreteras. No fue así y por eso las cámaras ripostaron promoviendo ante la CC la destitución de las autoridades responsables.
Puede ser que estemos volviendo a un nuevo episodio de polarización social en un escenario delicado. La semana pasada mostré en pinceladas gruesas la volatilidad del mercado ilegal de la droga, que tiene en vilo a la sociedad entera. Hace dos semanas puse el ejemplo de las prácticas de extorsión a distinta escala, extendidas por doquier. Son facetas de un mismo cuadro que alertan de la ingobernabilidad estructural sobre la cual camina el país, en pleno preparativo de un evento electoral, que ahora resulta riesgoso también.
El FNL es una fuerza social significativa y legítima; en este momento, la única con capacidad de conectar la conflictividad social dispersa en las localidades. Puede tener consignas, en apariencia radicales, que esta sociedad necesita incorporar a su debate. Ellos hablan de precios bajos a los productores de granos y de las tarifas altas en servicios como la energía eléctrica, que son asuntos de interés general y que, sinceramente, nadie está tratando. Su radicalidad en la forma de su protesta no debe cerrar al statu quo.
Igual se podrían poner amparos para que las autoridades detuvieran las matanzas del narco o las extorsiones, y como estas van a seguir, chascar los dedos para que la CC destituya al Gobierno, al Congreso, al MP y a la CSJ, pues no cumplen los dos artículos básicos de la Constitución. Lo recomendable es que lo que tenga que decir el FNL sea parte de nuestro debate, sin censura ni criminalización. El camino que se sigue, solo se activa otro estallido social.
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